Sistema de canal de denuncias para empresas

Personas con la condición de empleados públicos o trabajadores por cuenta ajena, incluidos exempleados y personal en formación; autónomos que tengan relación con la organización; accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión, incluidos los miembros no ejecutivos; cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores; becarios y voluntarios; y candidatos a puestos de trabajo.

Efectivamente, no hay nada de qué preocuparse. El canal de denuncias garantiza la identidad anónima del denunciante. El sistema está configurado para que nadie tenga conocimiento de quién es el informante, ni siquiera el administrador. No obstante, el informante puede optar por no ser anónimo; de no ser así, la confidencialidad se mantiene.

El 13 de marzo de 2023 entró en vigor en España la Ley 2/2023 de protección del informante, que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a disponer de un canal de denuncias para que los empleados puedan informar de cualquier delito relacionado con el lugar de trabajo. Los plazos de implementación fueron: 13 de junio (empresas de 250 o más trabajadores y administración pública) y 1 de diciembre (empresas entre 50 y 249 empleados y municipios de menos de 10.000 habitantes).

El incumplimiento de la obligación de disponer de un sistema interno de información en los términos exigidos por la Ley 2/2023 implica las siguientes sanciones: para las personas físicas, de 30.000 hasta 300.000 euros; para las personas jurídicas, de 600.000 hasta 1.000.000 de euros.

En el sector privado: personas físicas o jurídicas a partir de 50 empleados (tengan o no su domicilio en España); partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones; y todas las empresas, independientemente de su número de empleados, en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, y seguridad del transporte y del medio ambiente. En el sector público: la Administración General del Estado, las administraciones regionales y provinciales, los entes locales, los organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes, las corporaciones de Derecho público, las fundaciones del sector público y las universidades públicas.

El canal admite ambas opciones: el informante puede presentar la denuncia de forma totalmente anónima, sin que nadie pueda conocer su identidad, o bien identificarse con sus datos personales. En ambos casos se mantiene la confidencialidad y la trazabilidad del expediente.

Los tipos son configurables: acoso, fraude, discriminación, conflictos de interés y cualquier otra categoría que necesite tu organización. Adaptas las categorías al contexto de tu empresa para clasificar y gestionar cada caso correctamente.

La comunicación se protege con cifrado end-to-end, de forma que solo las personas autorizadas pueden leer el contenido de la denuncia. Además, el sistema mantiene un historial íntegro y verificable, y las denuncias se eliminan automáticamente transcurridos 3 meses.

Sí. El canal mantiene un registro trazable de cada caso, con estados, historial y notificaciones, y permite exportar informes para auditorías internas y externas. Así dispones de documentación verificable para demostrar el cumplimiento normativo en todo momento.